La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, aseguró que continuará al frente del organismo pese a las sanciones anunciadas por Estados Unidos en su contra y contra Abdoulaye Seye, integrante de la Oficina del Fiscal, en el marco de la campaña de Washington contra el tribunal.
Akane declaró el miércoles 26 de agosto de 2026 que las medidas estadounidenses ya provocaron el bloqueo de sus tarjetas de crédito. Sin embargo, sostuvo que mantendrá su postura incluso si las sanciones se amplían a la propia CPI.
Aunque se añadan sanciones contra la CPI, no bajaremos los brazos.
Estados Unidos anunció las sanciones el 18 de agosto de 2026 contra Akane, de nacionalidad japonesa, y contra Seye, de Senegal. El gobierno estadounidense acusa a la CPI de estar politizada y de actuar contra funcionarios de países que no reconocen la jurisdicción del tribunal.
La decisión forma parte de las medidas adoptadas por Washington después de que la CPI emitiera una orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La administración estadounidense también ha cuestionado las investigaciones del tribunal relacionadas con personal estadounidense y con la situación en Gaza.
Las sanciones contemplan restricciones financieras y migratorias para funcionarios de la Corte. De acuerdo con la información disponible, las medidas pueden congelar activos bajo jurisdicción estadounidense y limitar el acceso a servicios financieros vinculados con ese país.
La CPI rechazó las nuevas designaciones y advirtió que representan un ataque contra la independencia judicial y el Estado de derecho. El organismo afirmó que continuará con el mandato que le otorgaron sus Estados miembros.
Japón, uno de los principales contribuyentes financieros de la Corte, calificó las sanciones como “muy lamentables”. La primera ministra Sanae Takaichi señaló que su gobierno mantendrá la comunicación con Estados Unidos y con otros países involucrados.
El conflicto incrementa la presión internacional sobre la CPI, cuya actuación en investigaciones relacionadas con Israel, Gaza y Afganistán ha provocado reacciones encontradas. Mientras Washington sostiene que el tribunal excedió sus atribuciones, la Corte defiende su independencia para investigar posibles crímenes internacionales.

